El curso Registro de la Propiedad y Entidades Locales: Principios y Práctica Urbanística está dirigido a personal de Registros de la Propiedad, técnicos de administraciones locales, secretarios-interventores, juristas municipales, personal de urbanismo y profesionales del ámbito jurídico interesados en la interacción entre el Registro de la Propiedad y la actividad administrativa.
La formación aborda, en primer lugar, los fundamentos de la relación entre el Registro y la Administración Pública, analizando el marco normativo aplicable y el papel de las Entidades Locales en el tráfico jurídico inmobiliario. Se estudian los principios hipotecarios esenciales —legalidad, especialidad, legitimación, fe pública registral y rogación— y su aplicación práctica en la inscripción de actos administrativos.
El curso profundiza en la calificación registral de documentos administrativos, la exigencia de documentación auténtica y el alcance del principio de determinación a través del sistema de folio real. Asimismo, se analiza la actividad administrativa de protección y defensa del patrimonio público y su reflejo registral.
En el segundo bloque se desarrolla la actividad urbanística y el acceso registral de bienes públicos, estudiando la inscripción de adquisiciones por parte de Entidades Locales, incluyendo bienes obtenidos en expedientes de ejecución urbanística, expropiaciones forzosas y cesiones obligatorias derivadas del planeamiento.
Se abordan también cuestiones prácticas como la inscripción de superficies y espacios de dominio público, la configuración registral de complejos inmobiliarios municipales, los patrimonios públicos del suelo y los actos de disposición sobre bienes municipales. El curso analiza igualmente la constitución e inscripción de derechos de superficie tanto en fincas urbanas como rústicas, así como su utilidad en políticas públicas de vivienda y desarrollo urbanístico.
Se trata de una formación especializada que permite comprender el encaje entre la normativa hipotecaria y la actividad urbanística local, reforzando la seguridad jurídica en la gestión del patrimonio público y en la práctica registral administrativa.
