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La reforma de la Ley Hipotecaria tendrá en cuenta el porcentaje que representa dicho impago sobre el capital total prestado y no el número de cuotas que no se han pagado.

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Jueves, 06 Abril 2017 09:44

Los costes de romper el diálogo social

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado una y otra vez sobre la utilización del dinero procedente de la cuota de Formación para el Empleo que pagan empresas y trabajadores. Sostiene el Tribunal Constitucional que ese dinero no forma parte del sistema de Seguridad Social, aunque sea la Seguridad Social el instrumento para recaudar. Y sostiene, también, que la Seguridad Social es la entidad recaudadora, pero que esos fondos son finalistas y solo pueden dedicarse a formación de la población activa.

Lo mismo dice el Tribunal de Cuentas cuando afirma que los recursos procedentes de la cuota de formación profesional deben considerarse ingresos “afectados” cuya finalidad específica debe ser la financiación de iniciativas de formación. El Tribunal de Cuentas mandata al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) para adoptar las medidas para el cumplimiento de este principio, evitando que los fondos de la cuota se destinen a otras finalidades.

Ahora que tanto valor se da al necesario cumplimiento de las sentencias, especialmente las del Tribunal Constitucional, conviene conocer que, entre los años 2013 y 2016 los recursos de Presupuestos de Formación Profesional para el Empleo no gastados en formación han ascendido a más de 1000 millones de euros (hablamos sólo de los recursos que debería haber gastado la Administración Central), a los que había que añadir los no gastados en formación por parte de las Comunidades Autónomas.

La opacidad de los recursos destinados a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) ha contribuido a la ruptura del diálogo social en esta materia, pero hay otras causas también vinculadas al incumplimiento de los compromisos que el propio Tribunal Constitucional reconoce.

Así, el Tribunal Constitucional deja claro en sus sentencias que el diálogo social y la negociación colectiva son los instrumentos esenciales para el funcionamiento del mercado de trabajo. Pese a ello el Gobierno ha reducido a la mínima expresión las reuniones del sistema de Formación para el Empleo. La información que se facilita es la mínima posible, o incluso se niega el acceso a la misma. Se retrasan, sin necesidad, la aprobación de procedimientos, como el que regula la actividad de las Comisiones Paritarias en la detección de necesidades formativas y otras tareas legales que deben acometer. Se abusa de mecanismos legislativos aprobados con carácter transitorio, temporal, urgente, evitando así la negociación real de soluciones a los problemas.

El propio Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe sobre Mercado de Trabajo en España (2011-2014) denuncia el incumplimiento del deber de Información, en particular del Servicio Público de Empleo Estatal, que España ha contraído al firmar la Carta Social Europea.

Los Tribunales de Justicia de han visto obligados a anular la propia Convocatoria Estatal de Ayudas a la formación del año 2014, porque el Gobierno ha incumplido su obligación de someter dicha convocatoria a Informe del órgano de participación del Sistema Nacional de Empleo, quien delega esta función en una Comisión Estatal de Formación para el Empleo.

La Defensora del Pueblo se las ve y se las desea cuando intenta obtener información, a petición de las organizaciones sindicales y empresariales, sobre el destino que se da a los remanentes no gastados de la cuota de Formación Profesional.

Sindicatos y empresarios nos hemos visto obligados a recurrir ante los tribunales, nuestra exclusión del órgano colegiado que informa las propuestas de financiación de los planes de formación.

El desorden en el SEPE hace que se reinterpreten normas y requisitos de ejecución de planes de formación, años después de ejecutarse y sin que en las convocatorias correspondientes aparecieran esos requisitos, originando así solicitudes de reintegros de fondos destinados a cursos de formación, que fueron correctamente ejecutados e impartidos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el momento de la impartición.

El SEPE ha instruido con estas actuaciones, “una causa general” contra el sistema de FPE, con el objetivo claro de deslegitimar el papel de empresarios y sindicatos en el mismo. Sin embargo, esta pretensión choca con los recientes informes de evaluación, elaborados por entidades externas independientes que destacan una valoración muy positiva de quienes participan en cursos, y que sitúan como responsabilidad de la administración la burocracia excesiva, la rigidez, la falta de transparencia y la arbitrariedad en la interpretación de las normas.

Pero el ataque constante y las continuas acusaciones contra sindicatos y organizaciones empresariales ha contribuido a tapar lo bueno y airear lo supuestamente malo, aunque al final la propia administración, o los tribunales de justicia terminen archivando y desestimando las acusaciones iniciales.

Es el caso de nuestro compañero Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista malagueño que, durante más de tres años, ha permanecido imputado, a merced de la jueza Alaya, sometido a pena de banquillo, para que al final, una nueva jueza, haya terminado declarando que Gonzalo ha sido víctima de una macrocausa y en ningún caso delincuente.

Nadie parece haberse dado cuenta de que tan importante como combatir la corrupción existente es no sembrar dudas sobre aquellas personas e instituciones cuyo comportamiento es intachable. No todo es lo mismo. No todo vale y no todos son iguales. Haría mejor la Administración en combatir su ineficacia y su ineficiencia en la gestión de la formación, que en dedicar tanto esfuerzo en sembrar dudas sobre todo y sobre todos.

Para hacerse una idea de la ineficacia, el 25% de los fondos de las ayudas de formación concedidas en la convocatoria 2014, unos 80 millones de euros, siguen sin pagarse a las entidades que han realizado y justificado los cursos, provocando el cierre de numerosos centros de formación y academias.

El diálogo social ha sido sustituido por la imposición, la cooperación ha sido sustituida por el ataque sistemático de los agentes sociales. El esfuerzo compartido por mejorar el sistema de Formación Profesional para el Empleo, ha sido convertido en un modelo de ineficacia y asignación arbitraria de los recursos procedentes de la cuota.

No es difícil entender que los datos sean cada vez más insostenibles y que defender la FPE en España, en contraste con el marco europeo en el que nos movemos, sea tarea poco menos que imposible. O actuamos rápidamente, o el nuevo sistema se autodestruye sin haber comenzado a andar, tirando por la borda 25 años de logros y fracasos, pero de avances indudables en Formación Profesional para el Empleo.

Fuente: pinchar aquí

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Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Melilla a practicar una inscripción por título de adquisición hereditaria.

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Madrid nº 12, por la que se suspende la inscripción del testimonio de una sentencia firme.

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad accidental de Oropesa del Mar nº 2, por la que se suspende la rectificación de un asiento del Registro en virtud de una instancia privada.

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Sant Mateu, por la que acuerda suspender la inscripción de una escritura de herencia.

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Almadén a inscribir el testimonio de un auto dictado en procedimiento de liquidación de una sociedad de gananciales.

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Madrid nº 37 a practicar una anotación de embargo.

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XVI de Barcelona a inscribir la escritura de transformación de una sociedad civil en sociedad de responsabilidad limitada.

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Puerto del Rosario nº 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de opción de compra.

Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Badajoz nº 1, por la que se acuerda no practicar la inscripción de exceso de cabida acordada en procedimiento ordinario.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que amplía y profundiza las medidas de protección a los colectivos vulnerables por la crisis antes situaciones como el desahucio de su vivienda. Esta norma ha sido elaborada con un amplio consenso.

En concreto, se amplía tres años, hasta 2020, la moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectan a estos colectivos, medida que está en vigor desde el año 2013. Se incluyen, además, nuevos supuestos de especial vulnerabilidad, como las familias con hijos menores de edad o monoparentales con hijos a cargo, desempleo (sin haber agotado la prestación), discapacidad, dependencia o enfermedad grave o violencia de género. Se facilitará también el alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido para estos casos.

Estas medidas completan el conjunto de actuaciones que puso en marcha el Gobierno en 2012 ante la problemática de los desahucios y que, en conjunto, han beneficiado a más de 78.600 familias hasta la actualidad. En concreto, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos; más de 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas, al que están adheridas 93 entidades financieras, mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago, y se han adjudicado 9.020 viviendas a través del Fondo Social de Viviendas.

Ampliación de supuestos

El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno amplía el plazo de suspensión de lanzamientos hipotecarios tres años más, hasta 2020. Los criterios subjetivos para acogerse, tanto al Código de Buenas Prácticas, como a la suspensión de lanzamientos, se equiparan en su mayoría y se amplían a los siguientes supuestos:

  • La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad, en vez de menor de tres años, como hasta ahora.
  • La unidad familiar monoparental con hijos a cargo, en vez de con dos hijos a cargo, como hasta ahora.
  • La unidad familiar con la que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. Este requisito ya se aplica en la suspensión de lanzamientos y se extiende al Código de Buenas Prácticas.
  • La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, criterio que se extiende al Código de Buenas Prácticas y se mantiene en la suspensión de lanzamientos.
  • En la suspensión de lanzamientos se amplía el supuesto de situación de desempleo, al eliminarse el requisito de haber agotado las prestaciones por desempleo.

Alquiler

En otro bloque de medidas se introduce en el Código de Buenas Prácticas la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada. Durante el plazo de vigencia de la suspensión de lanzamientos, el deudor hipotecario ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda, el alquiler de la misma en condiciones favorables. La petición de alquiler deberá realizarse dentro de un plazo determinado. Se establece que el precio máximo anual del alquiler será el 3 por 100 del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación. El arrendamiento tendrá una duración de cinco años, prorrogable otros cinco años de mutuo acuerdo entre las partes, es decir, entre el ejecutado y el adjudicatario.

Recuperación de la propiedad

El Gobierno, en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de suspensión de lanzamientos, cuando aquella hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Estas medidas podrían tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades satisfechas por el ejecutado, así como otros factores que garanticen un precio equitativo.

Con motivo de la celebración del Día mundial de los derechos de los consumidores el 15 de marzo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un espacio web para ayudar a los ciudadanos a reclamar sus derechos en materia de telecomunicaciones.

La creación de esta sección forma parte del conjunto de iniciativas adoptadas por la Agencia para fomentar la concienciación de los ciudadanos sobre las garantías y los derechos que les asisten y cómo ejercerlos. Por un lado, una gran parte de las denuncias que recibe la Agencia en asuntos como la inserción indebida en ‘ficheros de morosidad’ o la contratación irregular tiene relación con el sector de las telecomunicaciones y, por otro, al haber varios organismos públicos con competencias en esta materia, resulta fundamental que el ciudadano conozca ante qué organismo debe presentar su reclamación en función de las causas que la motivan.

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD), la AEPD y los organismos de consumo son las principales entidades públicas con competencias en materia de telecomunicaciones, cada una en sus respectivos ámbitos. Para que el ciudadano pueda obtener una respuesta adecuada a su reclamación es esencial que la plantee ante el organismo adecuado, así como aportar la máxima documentación posible.

La página está dividida en cuatro espacios: Qué puedo reclamar y Dónde debo dirigirme; Cómo puedo reclamar; Preguntas frecuentes, donde los ciudadanos encontrarán la respuesta a casos concretos; y Qué documentación tengo que presentar en caso de contratación irregular o fraudulenta, por deudas derivadas de servicios de telecomunicaciones o por inclusión indebida en guías de abonados

El espacio web ha sido elaborado por la AEPD en colaboración con la SESIAD y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) con el objetivo de que los consumidores y usuarios sepan desde el primer momento ante qué organismo pueden reclamar sus derechos en función de su problema concreto (disconformidad con la factura recibida, incumplimiento de oferta, contratación irregular de un servicio, información engañosa, cláusulas abusivas, etc.) La Agencia recuerda además que, en el caso de plantear una reclamación, su tramitación será más ágil cuantas más pruebas o indicios pueda aportar el usuario.

La inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular, dos de las áreas en las que la Agencia tiene competencias, se encuentran entre las principales reclamaciones que plantean que los ciudadanos ante este organismo. Hay que tener en cuenta que la incorporación a un fichero de este tipo tiene unos efectos especialmente negativos para los consumidores, por lo que la Agencia considera que las empresas deben actuar con especial diligencia ante este tipo de situaciones.

Según datos de la última Memoria de la AEPD, uno de cada tres afectados denunció ante la Agencia por cuestiones relacionadas con el ámbito de la morosidad, en particular la inclusión indebida en ficheros de solvencia, la reclamación de deudas o la contratación irregular en servicios ofrecidos por operadoras de telecomunicaciones, entidades financieras o compañías energéticas.

  • Curso Técnico 2013. Técnico Experto en Registro Propiedad (160 horas)
  • Curso Técnico Superior 2013. Técnico Superior en Registro de la Propiedad (320 horas)
  • Curso Básico “La dación en pago en las ejecuciones hipotecarias” (80 horas)
  • Curso Básico “Venta extrajudicial ante notario del inmueble hipotecado” (80 horas)
  • Curso Básico “Nociones básicas sobre la Ley Concursal” (80 horas)
  • Curso Básico “Derecho inmobiliario registral” (80 horas)
  • Curso Básico “Sucesiones y herencias” (80 horas)
  • Curso Básico “Derecho de Sucesiones en Cataluña” (80 horas)
  • Curso Básico “Patrimonio local y Registro de la Propiedad” (80 horas)
  • Curso Básico “Doble Inmatriculación de Fincas en el Registro de la Propiedad” (80 horas)
  • Curso Básico “Curso básico de Derechos Reales” (80 horas)
  • Curso Básico “Derecho mercantil” (80 horas)
  • Curso Básico “Derecho español de la nacionalidad” (80 horas)
  • Curso Básico “Nociones básicas sobre el testamento” (80 horas)
  • Curso Básico “Derecho civil patrimonial” (80 horas)
  • Curso Básico “Introducción al Derecho Civil” (80 horas)
  • Curso Básico “Introducción al Derecho Civil en Cataluña” (80 horas)
  • Curso Básico “Derecho de familia” (80 horas)
  • Curso Básico “Guía Jurídica para la compra-venta de viviendas” (80 horas)
  • Curso Básico “Introducción al derecho administrativo español” (80 horas)
  • Curso Básico “Aspectos contractuales, notariales y registrales del urbanismo”(80 horas)
  • Curso Básico “Prevención de riesgos laborales básico” (80 horas)
  • Curso Básico “Auditoría de la LOPD” (80 horas)
  • Curso Básico “Implantación de la LOPD en la empresa” (80 horas)
  • Curso Básico “Video-vigilancia y la Ley de Protección de Datos” (80 horas)
  • Curso “Ejecución de la hipoteca inmobiliaria”. Cursos impartidos del 01/06/2014 a 28/06/2014 y del 01/07/2014 a 28/07/2014. (80 horas)
  • Curso “El contrato de hipoteca inmobiliaria” (01/06/2014 a 26/06/2014) (80 horas)
  • Curso “La tributación de las operaciones inmobiliarias en la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados” (01/08/2014 a 28/08/2014) (80 horas) Dirigido al personal de Oficinas Liquidadoras.
  • Curso "Introducción al Derecho Urbanístico" (80 horas)
  • Master en Registro de la Propiedad" (2014) (480 horas)
  • Curso “Arrendamiento de Viviendas y Desahucios” (Julio 2014) (80 horas)
  • Curso "Ejecución hipotecaria en concurso de acreedores" (80 horas)
  • Curso “Modificación hipotecaría sobre las inmatriculaciones (1 a 29 noviembre 2015) (80 horas)

Informaros que a partir de esta fecha todos los alumnos que hagan cursos bonificados o de pago con nosotros tendrán línea directa con los responsables del departamento jurídico:

  • María Jose Carro Vázquez – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. – Tlf. 638673725.
  • Paloma Piñeiro Santaeufemia – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. – Tlf. 689551433
  • Cristina Pardo Becerra – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. – Tlf. 667969776

Estas personas, con una experiencia en formación de más de 7 años, son el comité que se encarga de la aprobación de los cursos que se imparten y que son elaborados por la Fundación para la Investigación Formativa del Trabajador (Funinfortra). Están a disposición de cualquier alumno o futuro alumno que realiza los cursos en este sector.

El desarrollo de todos nuestros cursos lo realizan profesores del mundo jurídico y económico: doctores, catedráticos, profesores, licenciados y graduados.

Empezaremos a elaborar supuestos prácticos nuevos. Si el alumno que haya hecho o vaya a hacer el curso quiere hacer otros supuestos podrá realizarlos accediendo a la plataforma o fuera de ella, a través del correo electrónico, teléfono o videoconferencia.

Cualquier alumno podrá sugerirnos cuestiones que considere y estas, posterior a su estudio y aprobación por parte de este comité, se podrán aplicar o no en función del dictamen de este.

No deje de contactar en relación a cualquier supuesto práctico o cuestión en relación a los cursos de Registro de la propiedad.

Atentamente

Olga Ponte Fernández.

Aclaraciones de las malas informaciones que están saliendo en diversas prensas.

Lexgal Formación viene ejerciendo su actividad desde 2008. Ha impartido miles de cursos. Los imparte vendiéndoselos a empresas y autónomos de toda España que tengan trabajadores.

Una vez que el curso está vendido le enviamos la adhesión, matricula y documento de pago que nos tienen que devolver firmados por el empresario y el alumno. Una vez recibidos estos documentos procedemos a inscribirlo en la Fundación Tripartita.

Una vez terminado el curso, el empresario o autónomo descuenta el importe de la factura enviada de sus seguros sociales. Posteriormente el empresario nos paga mediante transferencia o recibo bancario.

Los documentos que nos envía el empresario son imposibles de falsificar porque él es quien nos realiza el pago. Son sus trabajadores los que se benefician de la formación.

Lexgal Formación a lo largo de su existencia ha podido regalar más de 1.000 cursos a personas que no tenían ingresos y muchos de ellos estaban en el paro. Naturalmente todo esto lo podemos demostrar ya que todo es oficial.

Desconocemos el porqué Dña. Manuela Pérez se empecinó con nuestra empresa en inspeccionarnos cada quince días, viniendo a nuestras instalaciones con otros compañeros a lo largo del año 2010 – 2011, con malos modales y respuestas en todo momento. Nosotros siempre la hemos escuchado y hemos aceptado sus directrices aportando todo lo que nos pidió.

Una vez vino acompañada de Dña. Ana Rico en C/Panaderas 17 bajo y 19 bajo en unos tonos maleducados y agresivos al personal. A consecuencia de su actitud esta empresa presentó una declaración jurada firmada por todos los trabajadores de este hecho.

Posteriormente en las nuevas instalaciones de Barrié de la Maza nº 33 entreplanta A apareció la inspectora en el mismo tono y nos pide un montón de documentación de todos los trabajadores. Aportamos todo y después de retenerla varios meses posteriormente la entrega sin sanción alguna de ningún tipo. Sólo hemos tenido una sanción de 600,00€ por no haber notificado el centro de trabajo nuevo y a la hemos abonado.

Dña. Ana Rico Santos nos pone una querella de la que acompañamos el auto.

 

A partir de esta fecha seguimos teniendo inspecciones y jamás hemos tenido ningún problema con nadie. Es cierto que el año pasado, a raíz de despedir a un trabajador, tuvimos varias inspecciones pero nunca nos sancionaron económicamente.

ACLARACIONES

Jamás Lexgal Formación ha solicitado ninguna subvención, salvo si al contratar un trabajador había algún tipo de subvención nos hemos acogido a ella.

Lexgal Formación solicitó en el año 2011 una subvención por la contratación de una trabajadora, M.R.G.C. por importe de 4.400.-€, pero la propia entidad presentó escrito desistiendo dicha solicitud tras la baja voluntaria de la trabajadora.

En el año 2014, se solicitaron otras tres subvenciones similares, dos de ellas vinieron concedidas en noviembre de 2014 (ambos trabajadores continúan en la empresa):

  • A.E.L: 2.591.-€
  • R.I.V.: 3.100.-€

La tercera vino concedida en febrero de 2015:

  • J.P.F.: 1.200.-€

PLANTILLA DE LEXGAL FORMACION

Actualmente tenemos una plantilla de 16 personas.

Entre ellos 2 aprendices.

La plantilla se compone de 14 mujeres y 2 hombres.

El 85% de la plantilla es fija.

A parte de la plantilla en régimen general tenemos profesionales liberales en materias diversas con contratos mercantiles.

Con respecto al auto 00659/2014 esperamos que se archive en el momento que comprueben que es imposible la falsificación de ningún documento y que jamás hemos recibido ninguna subvención. Para ello tendrán que contestar los organismos pertinentes.

Para cualquier aclaración pueden dirigirse a Manuel Piñeiro Cide, administrador único y director general de Lexgal Formación Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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